ANTAGONISTAS

 I El Régimen constitucional

(a) La función del Rey

Solemos escuchar la queja que el Rey «no sirve para nada», y que recibe de las arcas públicas un dinero que no se gana. Esta protesta vulgar indica ceguera o pereza mental. Para nosotros, el Rey ha demostrado, en momentos oportunos, que la Monarquía sí sirve, y lo que cobra de los presu­puestos del Estado no es mucho para los beneficios que ocasiona a los intereses que debe cuidar.

El Rey garantizó de forma ejemplar el tránsito de los españoles de la dictadura despolitizadoraa la democracia desnacionalizadora. Gracias a su intervención se evitó una ruptura peligrosa para los intereses de la oligarquía económica española. Gracias a su habilidad se logró conjurar la amenaza de un movimiento desestabilizador, del signo que fuera, que diera al traste el mon­taje del nuevo Ré­gimen político asentado en la casta de los partidos y «autonomías» regionales.

Fue gracias al Rey como se pudo entregar un territorio español, y unos españoles, al despotismo cleptocrático y asesino del Régimen alauita. Gracias al Rey la «joven democracia» española aceptó que algunos hasta entonces ciudadanos del Reino fueran secuestrados, torturados y desapareci­dos en «guantánamos» de su «hermano mayor» Hassan II. La «modélica transición» pudo asumir la carga de dejar abandonados antiguos ciudadanos del Reino gracias al Rey Juan Carlos I.

Fue también gracias al Rey, como el Ejército y las F.O.P. aceptaron, aún a regañadientes, el papel momentáneo de «poco fiables», a quienes el propio poder político hizo sospechosas de «ruido de sables» para asustar a las fuerzas que aún planteaban la ruptura con lo heredado del franquismo. Uno de los «poderes fácticos» del Régimen anterior debía ser despreciado ysemisacrificado en la transición para servir de pararrayos y dejar intacto el prestigio y los intereses de los demás, Y qué mejor para tal sacrificio que el signo del poder más visible de la dictadura (Franco era un militar) y más a causa de la historia reciente de la nación, donde el Ejército y las F.O.P. fueron, junto a cierto sector político, los más comprometidos con la represión comportándose como tropas de ocupación. Cuando ciertos militares se hartaron de cumplir ese papel, sintiéndose patos de feria que tiraban al vertedero cuando eran abatidos (en los años de más asesinatos etarras y funerales vergonzantes) y trataron de torcer ese camino con la doble intentona del 23-F de 1981 («Golpe duro» del General Rojas o «Golpe de Timón» del General Armada) el Rey manejó las opciones. Al final, tras estropear el «loco» de Tejero la maniobra «salvadora» de Armada, fue el Rey quien decidió asegurar el rum­bo más conveniente para los intereses de la cupulocracia política y los poderes económicos.

Gracias a su papel de «figura histórica» y «mejor embajador de España», el Rey ha logrado que gentes de antiguas colonias se alisten hoy en sus ejércitos profesionales y mueran defendiendo los intereses del Reino. Las leyes de extranjería que él firma han facilitado esta tarea.

Si el Rey ha amasado una gran fortuna gracias a los manejos de varios amigos reales, y también a cierto préstamo de las monarquías árabes nunca pagado, es porque un monarca parlamentario no puede ser un monarca pobre si debe ejercer su papel con eficacia. Por ello no podemos decir que el Rey no sirve para nada o que cobra mucho.

(b) La Monarquía del Gran Partido de la Burguesía

Formal y jurídicamente, el Régimen que tenemos no es ninguna expresión política de estamentos vasallos del Rey, ni tiene que ver con un despotismo ilustrado. Las supuestas críticas que preten­den desacreditar esta Monarquía acudiendo a imágenes anacrónicas son una estafa. Quien ataca formas del pasado ha de ser descalificado por «combatir» con fantasmas, en lugar de hacerlo con­tra el poder real actual. Este Régimen es un estado moderno de derecho y es oficialmente una Mo­narquía Constitucional y Parlamentaria. Y basta un vistazo para comprobar que tenemos una Mo­narquía de Partidos, pues son las cúpulas de éstos quienes determinan, en listas cerradas, los miembros de los Parlamentos nacional y regionales, debido tanto a la ley electoral (aprobada antes de las primeras elecciones) como al funcionamiento interno de los partidos, pero, sobre todo, por causa del poderoso cinturón mediático que los respalda y encubre.

Esta Monarquía de Partidos ha sostenido e implementado los equilibrios oligárquicos político-eco­nómicos de la Dictadura, haciéndolos converger con nuevas minorías burguesas ascendentes, tan­to de las regiones del interior como de las regiones periféricas, que ejercieron una muy leve y sola­pada opo­sición antifranquista. Otro vistazo, menos simple quizás pero no menos claro, demuestra que los partidos del Régimen (PP, PSOE y neofeudalistas) han representado siempre al bloque oli­gárquico-bur­gués de unas y otras regiones. Por eso la llamamos también Monarquía del Gran Parti­do de la Alta Burguesía. Tras más de siete lustros de despolitización de la Dictadura fran­quista han venido siete lustros de desnacionalización de la Monarquía juancarlista, dos procesos exigidos por la Alta Bur­guesía. El nuevo Régimen es, también en esto, heredero natural del anterior.

El bloque oligárquico-burgués que domina España ha logrado mantener su implacable proceso de acumulación ingente de capital durante estos siete lustros de «Democracia» sin mucho sobresalto, no sólo debido a los servicios de su «Partido Único con varias siglas», sino gracias a la figura del Rey y a sus intervenciones. Cierto es que sería lógico que el Rey cobrase de los Consejos de Ad­ministración del Banco Santander, BBVA, Endesa, Telefónica, La Caixa o Acciona, pero ¿Acaso no son los bancos los que financian al Gran Partido de la Burguesía indirectamente, a través de las deudas que los partidos tienen con ellos y cuyos cobros son aplazados indefinidamente?

En esta Gran Recesión iniciada en 2007, el bloque oligárquico-burgués pasa por dificultades ma­yores. Ciertos portavoces patronales andan temerosos pues, si bien es cierto que les conviene un alto número de parados, la lista de desempleados es enorme, y prevén algunas revueltas cuando falle la «economía sumergida». Los continuos engaños políticos, los casos de corrupción, así como las disputas entre las tenazas estatales del Gran Partido de la Burguesía, han desacreditado a la clase política. Al igual que ocurre en otros países, el descrédito es mayor para la tenaza «progre» por sus «recortazos» para salir de la deuda soberana. Además, como la mejor forma que encuentra cada tenaza del Gran Partido de la Burguesía (PP y PSOE, tan de acuerdo en lo sustancial), para mantener el afecto de sus acólitos no pagados, es acusar a la otra punta de tenaza de ser aún peor que ella, tal cálculo cortoplacista está perjudicando la imagen y el funcionamiento «normal» de las instituciones. Así pues, el bloque oligárquico-burgués no puede contar tanto con su «Partido Único» estatal para afrontar los sobresaltos de esta crisis estructural del Capitalismo. Por eso el Rey cobra un protagonismo que hubiera sido impropio en otra legislatura de estos «Treinta Años de Democra­cia», convirtiéndose en impulsor de nuevos «Pactos de la Moncloa».

Que nadie diga que la Monarquía del Gran Partido de la Burguesía no sirve para nada y cuesta mucho. Cuando empiezan a fallar las cúpulas del Gran Partido, atrapadas en sus querellas propias e intereses inmediatos, el monarca interviene sirviendo a quien tiene que servir. El problema es que la Dinastía sirve a los intereses de los menos, en vez de a las necesidades de la nación, los más. Nuestra tarea es denunciarla por estar al servicio de los intereses antinacionales y antipopulares de la oligarquía altoburguesa, y no del bien común de los españoles. Es imperativo rechazar la crítica fácil, la que, por interés o desidia, esconde el papel fundamental del Rey apelando a la envidia del vulgo necio, el mismo al que, en otras jornadas, se le cae la baba ante la fanfarria monárquica.

II El Estado de las Autonomías

Más que el sistema de partidos, una de las principales «novedades» del Régimen Político ha sido la reorganización territorial del Estado Monárquico. Novedad relativa pues el «estado de las autono­mías» ya se ensayó anteriormente con poco éxito y muchos problemas. Fue durante la II República, que no fue una Republica Federal ni un modelo confederal.

(a) La ligazón entre la Monarquía de Partidos y el Estado (multi) Autonómico

Entendemos que estado autonómico y Monarquía del Gran Partido de la Burguesía están íntima­mente ligados pues corresponden al modo y manera en que se realizó el reparto del «pastel» de­mocrático-constitucional, a través del «Consenso» entre tardofranquistas, post-republicanos y na­cionalistas. De la misma forma que se pactó el control del mundo laboral, la sumisión de la clase obrera, la desarticulación de los movimientos sociales, el «pasotismo» de la juventud, las ayudas a la prensa del Régimen y el desmantelamiento de la industria pesada, se pactó el neofeudalismo po­lítico-financiero como instrumento de los «barones» regionales de los «partidos nacionales» y los «para-estados de bolsillo» con «derechos históricos» o «hechos diferenciales».

Por ello vemos que no puede separarse el Estado de las Autonomías de la Monarquía Parlamen­taria juancarlista, ni éstos del Partido Único del bloque oligárquico-burgués que domina Espa­ña.

(b) Las Incompetencias autonómicas

Lo más llamativo del Estado de la Autonomías es su carácter abiertamente asimétrico que contra­dice las aspiraciones universales de igualdad que proclama la Democracia. Asimismo es muy lla­mativo que, en siete lustros de juancarlismo, aún no se hayan fijado las competencias que tendrán las administraciones autonómicas y cuáles serán las áreas reservadas a la dirección central del Es­tado. Pero no sólo no se terminan de establecer sino que, encima, los impulsores de cada nueva reestructuración advierten que la última que llevan a cabo es temporal. España va de «Perestroika» a «Perestroika» territorial cada poco tiempo. La constante histórica del Estado de las Autonomías es la misma que la del capitalismo y la del imperialismo: nadie le pide cuentas de resultados por lo que ha hecho, y sólo sabe responder para «seguir en marcha» huyendo siempre hacia adelante.

Más que sobre competencias autonómicas hay que hablar de incompetencias. Los partidos y diri­gentes locales tienen por costumbre no responder sobre lo que han hecho, o sobre lo que van a ha­cer con los medios y recursos de que disponen, es decir, con las competencias que tienen, sino que se dedican a reclamar más transferencias del Poder central. En ciertos casos, hemos visto que los poderes locales han instado al Gobierno central a transferir ciertas competencias, advirtiendo, en pleno «Estado de Derecho», que si no eran transferidas las asumirían por su cuenta. Pero en esas ocasiones reclamaban asuntos competenciales que figuraban en los estatutos autonómi­cos, es decir, que habían tenido el visto bueno o habían sido pactados previamente con el gobierno de la nación. Eso indica que los problemas derivados por las disputas de transferencias a los pode­res autonómicos han sido creados principalmente por el gobierno de la nación y las Cortes Generales.

Si se considera, por caso, que la cesión de materias como la Seguridad Social supone una quie­bra del sistema de caja única (y efectivamente lo es) y una significativa fractura interterritorial (que, pese a todo, se halla bien lejos de la infame fractura social entre rentas altas y rentas populares), la situación es muy grave, pero no tanto por causa de las instancias regionales, sino por aquellos que cedieron en ese asunto. Por ello, si se pone en evidencia el disparate del modelo autonómico, los máximos culpables del desaguisado no son grupos de poder locales sino los «partidos nacionales», los poderes generales del Estado y los poderes fácticos que los asesoran. En esto se nota que la ensalzada transición tuvo también mucho de chapuza, de huida hacia adelante y de reparto del bo­tín llamado España. El Estado monárquico de las autonomías y del Gran Partido de la Burguesía se asentó gracias a la docilidad de un pueblo adocenado y atemorizado tras una dictadura donde im­peraba el miedo y la despolitización, y una mayoría acostumbrada a ver el mundo sólo a través de la televisión. Pero, sobre todo, se estableció gracias al reparto del «pastel» a través del «Consen­so» entre los grupos oligárquico-burgueses de las regiones del interior y de la periferia.

Concluimos que no hay problemas de competencias porque aquí lo que menos ha importado es ser competente en el servicio público. Hay un problema de incompetencias e irresponsabilidades con­tinuas por parte de los dirigentes políticos de entonces y de ahora, tanto a nivel general como regional, encubiertos por una prensa del Régimen «localizada», encargada de distraer y ocultar es­ta realidad a los ciudadanos. Por tanto, si uno de los objetivos anunciados era «acercar la adminis­tración a los problemas» de la población, ese fin ha sido un fracaso, o ha constituido una estafa.

(c) El Despilfarro autonómico

En España no ha existido una descentralización del Estado, descentralización que, por cierto, no era discutida por nadie. La existencia de duplicidades, redundancias y excesos de gasto de las tres Administraciones (en algunas regiones son cuatro) que interactúan en el territorio español así lo de­muestra. Se suponía que la Administración General del Estado debía suprimir sus órganos perifé­ricos para dejar vía libre a las administraciones regionales, reservándose para sí facultades de su­pervisión. Pero esto no es lo que ha ocurrido aquí.

Lo que ha existido es un reparto de poder y una recentralización con una multiplicación del gasto, doblando (o triplicando) las mismas ocupaciones en diecisiete espacios y ocasionando un derroche de recursos, no orientado a prestar mejores servicios a los pueblos de España, sino a mantener o aumentar parcelas de poder y, ante todo, de negocio. Tiene que caer una crisis como la del 29 para que algunas voces del propio Régimen empiecen a reconocer el despilfarro que conlleva el modelo. Pero esas voces no aceptan que las Autonomías van ligadas al Régimen, y que si los grandes par­tidos «nacionales» son responsables de los desmanes autonómicos por no supervisar el cumpli­miento de las normas del Estado, eso ha sido para comprar-mantener la «adhesión inquebrantable al Ré­gimen» de unas cupulocraciasy sus clientelas partidarias. Las normas importan muy poco.

(d) La Corrupción multiplicada y el «Independencierismo» autonómico

Vemos que los particularismos y egoísmos locales van de la mano de los particularismos y egoís­mos de la clase dominante. Y es lógico que clasismo y nacionalismo vayan juntos. El predominio de intereses particulares es consustancial al Sistema. Por tanto, es natural que los administradores de los intereses particulares de la Alta Burguesía agiten los egoísmos de las tierras y pueblos de Es­paña para mantenerse, o para desplazar a la competencia partidista, en las áreas de poder locales. Lo que ha hecho el «Estado de las Autonomías» es consolidar clases políticas locales inmersas en una España donde todas las opciones han acabado defendiendo el mismo modelo socio-económi­co e ideológico. Clases políticas locales cuyas facciones, no moviéndose más que por oportunismo, no tienen otra salida -para explicar su existencia, mantenerse o ganar posiciones- que la de promo­ver pasiones nacionaleras, los egoísmos particularistas y su propia insaciabilidad «competencial».

Así pues, las corrupciones autonómicas no se han instalado por la «naturaleza pecadora del hom­bre», o porque el «poder corrompa» u otra sandez dada por los voceros auxiliares del Régimen tra­tando de esconder las causas de la corrupción, sino porque desde el principio los poderes locales han servido a intereses y pasiones particularistas, por encima de sentidos de estado o bien común.

Por eso afirmamos que, excepto la «izquierda aberchale» vasca (utilizada durante años como un «sacude árboles» para que otros «recogieran las nueces»), incluso las listas llamadas «soberanis­tas» no son realmente independentistas sino «independencieras», en una España cuya soberanía está anulada por la Alianza Atlántica, Eurolandia y los «mercados de deuda». Agitar el victimismo y buscar pendencias con el poder central u otras regiones, no para afrontar los males y problemas del pueblo, sino para que las gentes y territorios que controlan lascupulocracias locales se sientan enfrentadas o antagónicas con otros pueblos y territorios del mismo estado, es la única salida que les queda a los neofeudalistas para mantener la adhesión de sus «vasallos». El neofeudalismo es independenciero y seguirá siempre siéndolo por una cuestión de pura supervivencia de casta.

Por tanto, concluimos que, si el propósito del «Estado de las Autonomías» era resolver el llamado «problema nacional», éste no sólo no ha sido resuelto sino que, incluso, se ha agravado. Pero no perdamos la perspectiva histórica: después de siete lustros de despolitización acometida por la Dic­tadura franquista, fase necesaria para domesticar al pueblo español, era preciso otro proceso para entregar España a la OTAN, a la Europa de los mercaderes y al capitalismo globalitario: la desna­cionalización del pueblo español. El«Independencierismo» ha sido el gran complemento «interior» para generar una masa sin conciencia nacional ni sentido de las solidaridades sociales, una masa su­mergida en la apatía más inmovilista, cuando no servil, dispuesta a corear «vivan las caenas».

Así, aunque pueda verse otra cosa, el Estado de las Autonomías / Monarquía del Gran Partido de la Burguesía no ha perdido un ápice de poder por más banderitas regionales broten a su sombra, multi­plicándose por sí mismo tantas veces como sea posible, dentro de una dinámicapolítica de represión y corrupción bajo la cobertura de los medios de manipulación de masas. Por más que aparezca com­partimentado, segmentado, parcelado y saturado, a causa de tanta atribución y redundancia de po­testades, transfererencias y asunciones arbitrarias administrativas, normativas, impositivas y presu­puesta­rias, con gobiernos y asambleas variopintas, el Estado Monárquico no ha cedido sus funcio­nes bá­sicas ante instancias del interior, ni su monopolio legal de la violencia ni su aparato bu­rocrá­tico-re­presivo, en ningún momento. Dado que no es un estado federal, las Autonomías son un mon­taje que ha propiciado un confederalismo asimétrico, arbitraria e intencionalmente previsto en función de inte­reses espurios y traspaso de corruptelas («competencias»), y un entramado clientelar que ha moder­nizado y legitimado la vieja política caciquil de casino y pucherazo. La retroalimenta­ción finan­ciera de los partidos a través de ayuntamientos y consejerias autonómicas demuestra bien el grado funcional de complicidad entre los neofeudalistas y los grandes partidos «nacionales» del Régimen.

El motivo de todos los ramalazos «soberanistas», agravios, pendencias entre regiones, derechos históricos y hechos diferenciales que azuzan y recrean los neofeudalistas, es que a las clases políti­cas regionales, para justificar la existencia de sus diversas siglas dentro del Partido Único de la Bur­guesía, no les queda otro recurso que la agitación de los egoísmos y pasiones particularistas en una masa despolitizada y desmovilizada sin conciencia nacional ni sentido social. Las reivindicaciones, «soberanistas» o regionalistas, son discursos igualmentefuncionales al proyecto «asimétrico-inte­gral» que determina el «diferencialismo» pequeño-burgués del Estado de las Autonomías. Para no­sotros, los nacionalismos representan la «Tenaza Periférica» del Régimen.

En conclusión: el Estado de las Autonomías no sólo no resuelve ningún problema, sino que supone un problema estructural que complica los problemas nacionales. Agrava, por ejemplo, la crisis actual.