Fuente: http://www.marilenagrill.org/

Traducción: A.Beltrán

La guerra capitaneada por las potencias occidentales para impedir a los partidos comunistas alcanzar el poder en Grecia, Italia y Francia, se inicia cuando todavía está en pleno apogeo la guerra contra la Alemania nacional-socialista.

Nadie ha contado jamás los muertos, los heridos, los condenados, los encarcelados por esta “cruzada” anticomunista en la que se han integrado también bajo la bandera de los Estados Unidos los vencidos de la Segunda guerra mundial. Una clase política inepta, corrupta, cleptómana no estaba en disposición de restringir la amenaza electoral representada por el Partido comunista italiano (Pci) utilizando medios políticos legales, los únicos que podían llevar a los italianos a volver la espalda al partido de los Togliatti y de los Longo.

Así pues, para ahuyentar la amenaza, la clase dirigente anticomunista puso su confianza en las fuerzas militares que los Estados Unidos, a la sazón bajo la presidencia de John F. Kennedy, habían desplegado para responder a la ofensiva planetaria soviética, dando inicio a una guerra que no ha sido “fría” en ninguno de los países y de los continentes en los cuales se ha desencadenado.

El miedo a ser aplastados por un golpe de Estado político, apoyado por las Fuerzas armadas, llevó a los dirigentes del Pci, a partir de 1969, a la búsqueda de un compromiso con las fuerzas políticas anticomunistas, empezando por la Democracia cristiana (Dc)

La llegada de Enrico Berlinguer al frente del más potente Partido comunista occidental extendió el compromiso también a las fuerzas institucionales, primordialmente las de seguridad y las militares, nacionales e internacionales.

El Pci de Enrico Berlinguer, desde la primavera de 1972, desarrolló una línea política diseñada para acreditarlo como “maduro”  para una democracia occidental, autónomo respecto a la Unión soviética, capaz de integrarse en el área de gobierno sin poner en discusión la permanencia del País en la Alianza atlántica y sin pretender, consecuentemente, implantar una política neutralista.

La primera ocasión de “probar” su recién adquirida madurez la tuvo el Pci en la primavera de 1973, cuando sus dirigentes fueron informados por Pietro Loredan, en estrecho contacto con el grupo informativo y operativo véneto que bajo dirección de los servicios secretos italianos militares y civiles recibía el nombre de “Ordine nuovo”, que se estaba preparando un atentado contra una alta personalidad política en Milán.

Identificar el objetivo no era complicado, porque el 17 de mayo de 1973, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rumor, se había de trasladar a Milán para recordar, dentro de la Jefatura de policía, la memoria del comisario Luigi Calabresi, en el primer aniversario de su muerte a manos de militantes de “Lotta continua”. Para evitar el atentado habría bastado publicar un artículo en el diario del partido, “L´Unità”, aunque fuera a modo de conjetura.

Pero, para Enrico Berlinguer y sus camaradas la posibilidad de no evitar un atentado mortal contra un elemento destacado de la democracia cristiana debió parecerles demasiado apetitosa como para dejarla escapar, optando así por el camino de los contactos reservados. Es verdad, procesalmente confirmada, que Gian Carlo Pajetta y Paolo Bufalini, encargados de los contactos con el ministerio del Interior, el primero, y con la magistratura, el segundo, se desplazaron inmediatamente a Milán donde se encontraron con un juez cuya identidad no ha sido o no ha querido ser desvelada.

Es igualmente cierto que transmitieron las informaciones en su poder a los mandos del servicio secreto civil, entonces conocido como división de Asuntos reservados, donde estaba destinado Umberto Federico D´Amato que era uno de los referentes de los ordinovistas vénetos. El atentado se cometió. Gianfranco Bertoli, a la sazón confidente del Sid bajo el criptónimo “Negro”, arrojó una granada de fragmentación contra el vehículo de Mariano Rumor, pero erró el blanco matando a 4 personas e hiriendo a otras 46.

La masacre de vía Fatebenefratelli del 17 de mayo de 1973 se podía, por lo tanto, haber evitado o, cuanto menos, se podían haber identificado en el transcurso de algunas semanas a los autores, organizadores y jefes, porque la figura de Gianfranco Bertoli como la de Pietro Loredan circunscribía las investigaciones a un restringido y bien definido círculo.

Antes al contrario, todos optaron por el silencio. Mientras Bertoli declamaba su papel de “anarco-individualista” que habría pretendido vengar a Giuseppe Pinelli, nadie de los muchos que conocían la verdad intervino para dar testimonio de ella.

Un magistrado de la República, destinado en la Fiscalía de Milán, ciertamente una figura relevante por gozar de la confianza de los dirigentes del Pci, ha callado.

Los mandos del servicio de seguridad civil han callado, mientras el ministerio del Interior no se ha personado como acusación particular en la causa contra Gianfranco Bertoli.

La cúpula directiva del Pci y sus cuadros periféricos que conocían la verdad, no han dicho una sola palabra para arrojar luz sobre el suceso.

Un silencio criminal porque dirigir las investigaciones hacia el ámbito ordinovista véneto equivalía a esclarecer tanto la masacre del 17 de mayo de 1973 como la masacre frustrada del tren Turín-Roma del 7 de abril de 1973, que habría de conducir a través de la figura de GianCarlo Rognoni hasta las mismas personas.

Un silencio criminal porque ha servido para asegurar la impunidad de personajes que pretendían una política terrorista a favor del Estado y de carácter anticomunista.

No es descabellado afirmar que si los que sabían hubieran hablado, no habrían sucedido las masacres posteriores, empezando por la de Brescia de 28 de mayo de 1974.

Gian Carlo Pajetta, en Brescia, lloró el día de los funerales por las víctimas de la masacre de la plaza de la Logia [Brescia] porque era consciente de haber favorecido a quien los había asesinado.

Ni esa figura indigna de magistrado, ni los mandos de los servicios de seguridad civiles ni los dirigentes del Pci han confesado lo que sabían.

Al infame pacto entre el Pci y la Dc, entre el Pci y los aparatos del Estado podemos ponerle fecha de aquel mes de mayo de 1973, firmado sobre los cuerpos destrozados de via Fatebenefratelli y de las sucesivas masacres.

Un pacto perverso que, en 1989, a la caída de la Unión soviética le ha servido al Pci para obtener la impunidad más absoluta para sus dirigentes.

De hecho, el indefectible magistrado, esta vez romano, Franco Ionta se ha encargado de negar la existencia de un estructura paramilitar del Pci (“la Gladio roja”), de declarar prescrito el delito de financiación ilegal a partidos por los millones de dólares entregados por Moscú, mediante el Kgb, al Pci y, en fin, de aparentar que este partido no hubo desarrollado nunca actividades de espionaje político, militar e industrial en beneficio de la Unión soviética.

Hoy, Franco Ionta, por voluntad de un gobierno de centro-derecha, es director general de instituciones penitenciarias.

Un régimen, el actual, que se basa en el chantaje mutuo y en el compromiso de impedir, a toda costa, que la verdad salga a la luz, porque ésta es susceptible de hundir a la actual clase política: cada cual guarda sus secretos propios y los ajenos y todos juntos se defienden y protegen, engañando al pueblo italiano.

Será, quizás, una coincidencia que cuando la verdad sobre la masacre del 17 de mayo de 1973 estaba emergiendo, el chacal judicial Felice Casson, notoriamente vinculado al Pci, enviara a odas las fiscalías de la República una nota asegurando que quien esto escribe había intentado entorpecer las pesquisas sobre la masacre cometida por Gianfranco Bertoli. En un sistema judicial  dotado de seriedad y de dignidad el chacal habría de responder por calumnia o, por los menos, habría sido expulsado por prevaricador de la carrera judicial.

Por el contrario, huelga decirlo, es senador en las filas del Partido democrático.

Los parientes de las víctimas de la masacre del 17 de mayo de 1973 no tendrán jamás una medalla de oro. Cuando Giorgio Napolitano ha venido a Milán, ha recordado únicamente al comisario de policía Luigi Calabresi y homenajeado a sus familiares. Los de los muertos del 17 de mayo de 1973, han tenido que recordar a sus muertos durante la tarde, en silencio y alejados de los focos de luces.

¿Habrá que esperar, para hacer limpieza en este País, a que los firmantes del pacto, sus testaferros y sus herederos fallezcan? ¿O se puede comenzar antes, incluso hoy?

No es difícil: no se trata de enviarles a la cárcel encontrando las pruebas de su complicidad en tantos luctuosos episodios italianos.

Para expulsarlos de la vida política, enviándolos al paro y a buscarse el pan trabajando, es suficiente redactar un listado de todos los que desempeñaban por aquel entonces un papel no marginal dentro de los partidos que han dicho siempre que estar estaban, pero que dormían.

Basta con recordar los nombres de Ignazio La Russa en Milán y ordenar todos los sucesos de los cuales fueron protagonistas los activistas de su partido en la capital lombarda para darse cuenta que incluso ni un perfecto imbecil es creíble cuando afirma no haber sabido sido nunca nada y no haber entendido absolutamente nada.

Pero Ignazio La Russa no es un imbecil. Alguna duda tenemos sobre Gianfranco Fini, pero la disipa el hecho de que era secretario nacional juvenil del Msi durante los años en los que Francesca “Morticia” Mambro, su maridito Valerio “Jerry” Fioravanti y sus camaradas hacían la guerra contra los “rojos” (1977-1980), sin ningún “espontaneísmo” que ha sido inventado posteriormente para exonerar a ese partido y a esos ambientes humanos y políticos que les servían de referencia y por los cuales actuaban.

¿Tampoco Gianfranco Fini, Francesco Storace, Maurizio Gasparri, y todos sus demás amigos, dentro de un ambiente en el todos lo sabían todo, son los únicos en no haber sabido nunca nada y no haber entendido absolutamente nada?

Difícil de creer, en especial tras haberlos visto esforzarse de cualquier modo posible, ansiosos e inquietos, para obtener la excarcelación de Morticia y Jerry.

Obligar a estos y a tantos otros a retirarse a la vida privada es un objetivo factible, si todavía en esta País aspiran a existir fuerzas de oposición que intenten también alcanzar la verdad y la justicia

Vincenzo Vinciguerra, Opera 3 de Junio de 2010